La federación llevará a cabo cambios que concentrarán el poder en Mohammed Ben Sulayem y Carmelo Sanz de Barros, y que llegan a raíz de la presión por los recientes despidos y las polémicas internas.
El automovilismo enfrenta un intenso debate tras los recientes movimientos de la Federación Internacional del Automóvil en busca de modificar su estructura de gobernanza. La FIA ha propuesto reformas que otorgarían mayor control directo sobre la gestión ética al presidente Mohammed Ben Sulayem y al presidente del Senado, Carmelo Sanz de Barros.
Las propuestas, que se presentarán a votación en la Asamblea General de la FIA del próximo 13 de diciembre, incluyen la disolución del actual Senado y cambios significativos en los mecanismos de supervisión interna. Una de las modificaciones más controvertidas es la eliminación del poder del Comité de Auditoría para llevar a cabo investigaciones financieras independientes, concentrando así dichas atribuciones tanto en Sanz de Barros como en Ben Sulayem.
Estas reformas llegan tras un año francamente complicado para Ben Sulayem, quien enfrenta críticas por decisiones controvertidas y una serie de salidas de personal clave dentro de la FIA. Entre los ejemplos más destacados está la renuncia de la exdirectora ejecutiva Natalie Robyn, quien dejó la organización «tras plantear inquietudes sobre las finanzas de su oficina privada; el establecimiento de un ‘fondo del presidente’ de 1.5 millones de dólares para pagar a los clubes miembros, que votan por el presidente de la FIA», de acuerdo con información que recoge la BBC.
A ello se suma el despido de altos funcionarios como Tim Mayer, veterano comisario de Fórmula 1, quien afirmó ser despedido tras un desacuerdo con Ben Sulayem relacionado con el Gran Premio de Estados Unidos. También se marcharon figuras clave como el director de carrera Niels Wittich y otros miembros del Comité de Auditoría, lo que ha generado dudas sobre la estabilidad interna de la organización.
Si las reformas son aprobadas, el Comité de Ética verá reducido su rol a realizar evaluaciones iniciales de las protestas, sin capacidad para profundizar en las investigaciones. Éstas quedarían bajo la autoridad del presidente del Senado y del propio Ben Sulayem, consolidando el poder de ambos sobre cualquier proceso ético o financiero.
Asimismo, cualquier protesta contra el presidente de la FIA sería supervisada directamente por las mismas figuras responsables de liderar la organización, lo que, según la BBC, plantearía evidentes conflictos de interés.
Pese a que Ben Sulayem se encuentra actualmente sin oposición para un segundo mandato, las medidas propuestas parecen diseñadas para reforzar su control en un momento en que las críticas hacia su gestión aumentan. Con la sombra de acusaciones previas, como la presunta interferencia en el Gran Premio de Arabia Saudita de 2023 o cuestionamientos sobre el destino de las multas, su liderazgo enfrenta una prueba de fuego.
La FIA no ha emitido comentarios al respecto, pero el próximo mes podría marcar un punto de inflexión en su gobernanza y en la percepción pública de su transparencia y credibilidad.
